¿Seguridad o Militarización?: El Hábeas Corpus que Desafía la Presencia de Fuerzas en el Norte Salteño
SALTA, Argentina – La creciente presencia de fuerzas militares en la frontera norte de Salta ha encendido las alarmas de diversas organizaciones de derechos humanos, que han respondido presentando un hábeas corpus colectivo y preventivo ante la Justicia Federal. La medida busca frenar lo que denuncian como una «militarización encubierta» que podría vulnerar derechos fundamentales de la población local, especialmente de las comunidades indígenas y migrantes que habitan en la región.
La preocupación se intensificó tras los recientes anuncios del gobierno nacional sobre el denominado «Plan Roca», que contempla un significativo despliegue de efectivo y recursos en la zona. Si bien las autoridades argumentan que el objetivo es combatir el narcotráfico y la criminalidad, las organizaciones civiles temen que este incremento de la presencia militar deriva en un clima de inseguridad, estigmatización y restricción de libertades para los habitantes.
«No podemos permitir que, bajo el pretexto de la seguridad, se avancen sobre las garantías constitucionales de nuestros ciudadanos», afirmó un representante de una de las organizaciones firmantes del recurso. «Observamos un patrón de militarización que, sin una justificación clara y transparente, puede derivar en la violación del derecho a la libre circulación, a la seguridad jurídica ya la no discriminación».
El hábeas corpus colectivo y preventivo es una herramienta legal que busca proteger los derechos a la libertad ambulatoria y la integridad personal ante cualquier amenaza inminente o actual por parte de autoridades públicas. En este caso, el objetivo es que la Justicia Federal se pronuncia sobre la legalidad y proporcionalidad del despliegue militar, y garantiza que no se afecten los derechos de la población fronteriza.
Las organizaciones advierten que la militarización podría generar una mayor criminalización de la pobreza y la migración, afectando desproporcionadamente a aquellos grupos que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad. Además, sostienen que un enfoque puramente represivo no aborda las causas profundas de la criminalidad y podría generar mayores conflictos sociales.
La presentación de este hábeas corpus marca un punto de inflexión en el debate sobre la seguridad en las zonas de frontera y pone de manifiesto la tensión entre las políticas de control estatal y la protección de los derechos humanos. Ahora, la mirada se posa en la Justicia Federal, que deberá evaluar la medida y determinar si el despliegue militar en la frontera norte respeta el marco constitucional.
