La Justicia de Jujuy falla a favor de la libertad de expresión y desestima demanda de Gerardo Morales contra abogado
Jujuy, Argentina – La Justicia de Jujuy ha desestimado la demanda por daños y perjuicios presentada por el exgobernador Gerardo Morales y su hijo Gastón Morales, presidente de la empresa Cannava SE, contra el abogado Juan Giusti. La Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial dictaminó que las críticas públicas de Giusti sobre la gestión de Morales y la empresa Cannava SE se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión, opinión y petición.
La jueza Elba Rita Cabezas no solo rechazó la demanda, iniciada en 2021, sino que también impuso las costas del proceso a los Morales. El fallo representa una victoria significativa para la libertad de prensa y el derecho a la crítica de los actos de gobierno, incluso cuando las expresiones puedan resultar «irritantes y descomedidas», según la jueza.
El origen de la controversia: Cannava SE y la «narcoestado»
La disputa se originó cuando Juan Giusti, junto a la entonces legisladora provincial Alejandra Cejas, investigó la empresa estatal Cannava SE, cuyo objetivo era producir cannabis medicinal. Giusti alertó públicamente que la iniciativa terminaría en un fracaso y que Jujuy podría convertirse en un «narcoestado» debido a la asociación de Cannava SE con una compañía estadounidense, Amber Metrics, que comercializaba cannabis con fines recreativos.
La advertencia de Giusti y Cejas se basó en información del propio gobierno de EE. UU., que señalaba que el convenio entre Cannava SE y Amber Metrics implicaba la exportación de marihuana a granel sin procesar. Giusti argumentó que Green Leaf, una subsidiaria de Amber Metrics, era socia administrativa de Players Network, dedicada al comercio de marihuana sin fines medicinales, lo que lo llevó a sus fuertes afirmaciones.
Gerardo y Gastón Morales demandaron al abogado, alegando que sus acusaciones habían lesionado su círculo íntimo al señalarlos como «delincuentes y narcotraficantes». Mientras Giusti enfrentó el proceso judicial, la diputada Cejas fue suspendida de sus funciones y terminó con una causa penal.
Un fallo que reafirma la crítica al poder
Tras cuatro años de proceso, la jueza Cabezas rechazó la demanda, sosteniendo que las manifestaciones de Giusti versaron sobre cuestiones de interés público, como el manejo del patrimonio estatal, y que, aunque algunas de sus noticias resultaran falsas posteriormente en otra causa, no se verificó «real malicia» en su accionar.
La jueza enfatizó que los funcionarios públicos deben tolerar incluso expresiones que puedan ser consideradas ofensivas, siempre que estén dirigidas a ventilar y generar debate sobre temas de interés público, promoviendo el control democrático.
Juan Giusti celebró el fallo, declarando que «la libertad de expresión ganó una batalla» y que este resultado demuestra que «nunca hubo real malicia». El abogado insistió en que sus expresiones se basaron en sus investigaciones sobre Cannava y otros temas de la gestión de Morales, como los parques solares de Cauchari, nombramientos de funcionarios, el endeudamiento de la provincia y el uso de aviones sanitarios.
