Justicia de EE. UU. Ordena a Argentina Entregar el 51% de YPF por Juicio de Expropiación
Nueva York, EE. UU. – Un duro golpe legal ha recibido Argentina este lunes en los tribunales de Nueva York. La jueza Loretta Preska ha emitido una sentencia que ordena al Estado argentino la transferencia del 51% de las acciones que posee en la petrolera YPF. Estas acciones, nacionalizadas parcialmente por el gobierno de Cristina Kirchner en 2012, serán utilizadas como parte del pago a los beneficiarios de un fallo de septiembre de 2023, en el cual Preska ya había condenado a Argentina a desembolsar 16.100 millones de dólares a los accionistas afectados por el proceso de nacionalización.
Aunque el fallo es apelable y Argentina no cederá las acciones de inmediato, esta decisión representa un importante revés en la estrategia legal del gobierno de Javier Milei.
Los Detalles del Contundente Fallo
La sentencia de la jueza Preska es explícita: «Por las razones expuestas anteriormente, la moción de los demandantes es CONCEDIDA», y añade: «La República deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM [Bank of New York Mellon] en Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha de esta orden; e instruir a BNYM para iniciar una transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta».
El presidente argentino, Javier Milei, no tardó en reaccionar. A través de su cuenta en X, adelantó que el Gobierno apelará el fallo «en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales». En su publicación, Milei también aprovechó para criticar duramente al actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien era Ministro de Economía durante la expropiación de YPF, calificándolo de «inútil soviético».
Antecedentes y Actores Clave
En 2012, YPF tenía un 57,5% en manos de la española Repsol, un 25,5% pertenecía a Petersen Energía Inversora y Petersen Energía (sociedades del grupo argentino Eskenazy), y el 17% restante estaba en manos de inversores minoritarios como Eton Capital. En 2023, la jueza Preska condenó a Argentina a pagar 14.385 millones de dólares a Petersen Energía y 1.714 millones a Eton Capital.
Un actor relevante en este litigio es Buford Capital, un fondo que adquirió los derechos de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que se encontraban en concurso de acreedores en España debido a su endeudamiento para adquirir participación en YPF antes de la expropiación.
El fallo de Preska de hace dos años se basó en que, durante la expropiación, Argentina debería haber ofrecido al resto de los accionistas el mismo trato que a Repsol, según el estatuto de YPF para trasvases de más del 15% de las acciones. Argentina argumentó que la causa debía resolverse en tribunales locales y que la expropiación fue legal, incluyendo el pago de 5.000 millones de dólares a Repsol. Sin embargo, la jueza Preska desestimó estos argumentos, afirmando que «los gobiernos extranjeros no pueden simplemente anular las excepciones a la FSIA [Ley de Inmunidades Soberanas Extranjera] invocando su propia ley para proteger sus activos de la ejecución en Estados Unidos».
Implicaciones y Desafíos para Argentina
La jueza Preska excluyó a YPF del litigio, lo que significa que la responsabilidad del pago recae exclusivamente sobre el Estado argentino y no sobre la empresa. Esto presenta un enorme desafío, ya que el Gobierno no cuenta con los recursos económicos para afrontar el pago, con reservas internacionales negativas y una fuerte dependencia del Fondo Monetario Internacional. Además, la ley de estatización de YPF prohíbe al Ejecutivo transferir las acciones expropiadas sin previa autorización del Congreso, añadiendo una complejidad legal significativa.
El fallo ha causado sorpresa en la Casa Rosada, especialmente porque en noviembre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había solicitado a la jueza Preska que rechazara la indemnización exigida por Burford Capital y Eton Capital, argumentando que la exigencia de los demandantes violaba leyes locales de Estados Unidos y podría generar reciprocidad con activos soberanos estadounidenses.
