Fiscal Armando Cazón se defiende: «Es una vendetta por mi negativa a ceder tierras aborígenes»
Salvador Mazza, Salta – El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, ha salido al cruce de la grave denuncia por presunta extorsión presentada en su contra por el empresario Daniel Sanz. Cazón desmintió categóricamente las acusaciones, asegurando que se trata de una «operación de desprestigio» orquestada por Sanz, motivada por su negativa a ceder ante los intentos del empresario de avanzar sobre tierras pertenecientes a comunidades originarias.
En diálogo con Nuevo Diario, Cazón explicó que la denuncia de Sanz es una «vendetta personal» vinculada a un conflicto por terrenos comunitarios de los pueblos originarios Tonono y Misión Chorote en el ex Lote Fiscal 4. «Le expliqué en su momento a Sanz que eso le competía a la parte civil y que no había posibilidad porque se trata de tierras de propiedad comunitaria, por lo cual esa propiedad no prescribe, no se transfiere ni se puede realizar ningún tipo de acción», afirmó el fiscal.
Las acusaciones de Sanz, difundidas en medios locales, sostenían que Cazón lo había convocado a una reunión privada en su despacho para exigirle 50 millones de pesos a cambio de permitirle levantar la cosecha en un campo del que aseguraba ser titular. Sanz afirmó haber firmado un convenio bajo amenaza y haber entregado una primera cuota de 10 millones de pesos en la Fiscalía.
Frente a estas declaraciones, Cazón fue contundente: toda la información difundida es «mendaz, contraria a la verdad y sumamente falsa». El fiscal, con una reconocida trayectoria en el Distrito Judicial de Salvador Mazza, expresó que estas afirmaciones le generan un «profundo daño» y, en consecuencia, intimó a Sanz mediante carta documento a retractarse públicamente.
Para respaldar su defensa, Cazón compartió documentación que, según él, acredita las denuncias por usurpación presentadas por las comunidades originarias contra Sanz. Además, mostró un acta acuerdo firmada por el propio empresario, donde este se comprometía a liberar el terreno y a abonar sumas millonarias como reparación, un compromiso que, según el fiscal, solo fue cumplido parcialmente con la entrega de una primera cuota.
«El problema es que cuando vio que yo no me prestaba a su juego, la idea fue obvia: separarme del reclamo que venían haciendo las comunidades», declaró Cazón. Informó también que él mismo denunció penalmente a Sanz por falsa denuncia y falso testimonio. El fiscal incluso vinculó la acusación con una reciente investigación judicial sobre vuelos no autorizados sobre los terrenos en disputa, una maniobra que ya habría permitido identificar al piloto de una avioneta y que, sospecha, podría tener relación con Sanz.
Finalmente, Cazón denunció la «injusticia, la arbitrariedad y el fraude cometido contra los pueblos originarios por parte de Daniel Sanz», estimando que en solo siete meses se extrajeron producciones valuadas en 1.800 millones de pesos de los territorios comunitarios, de los cuales las comunidades habrían recibido una única cuota de 10 millones. El fiscal afirmó confiar plenamente en la Justicia salteña y en las pruebas presentadas para esclarecer la situación.
