Fin de la domiciliaria: Jorge Prado, a la cárcel por el escándalo del Gasoducto GNEA

Salta, Argentina – El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta ha revocado la prisión domiciliaria a Jorge Enrique Prado, exintendente de Aguaray, quien había sido condenado en 2021 por el robo de 228 caños del Gasoducto GNEA. La decisión unánime de los jueces implica que Prado deberá cumplir su pena en el Complejo Penitenciario Federal NOA 3, en General Güemes, una vez que se confirme la disponibilidad de cupo.

La medida fue impulsada por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, quienes llevaron adelante la investigación del caso. Este resonante hecho, que se inició a fines de 2019 tras la denuncia de vecinos que alertaron sobre camiones cargados con los caños del gasoducto, frustró una obra pública vital que prometía beneficiar a 1.700.000 personas en el noroeste y noreste argentino.

Batalla legal por la modalidad de la pena

La prisión domiciliaria le había sido concedida a Prado de forma transitoria por el tribunal, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara su condena de 6 años y 6 meses de prisión el pasado 30 de abril. Sin embargo, esta modalidad estaba sujeta a la resolución de un recurso de reposición presentado por la defensa, el cual fue rechazado por la Corte el 15 de mayo.

A pesar de la insistencia de la defensa, a cargo del abogado Fernando Teseyra, quien argumentó que Prado era el único sostén económico de su familia, la fiscalía mantuvo su postura de ejecutar la sentencia firme. Tras varias audiencias, el tribunal resolvió rechazar el pedido de la defensa y ordenó el cumplimiento efectivo de la pena.

Condenas y absoluciones en el caso «Caños del Gasoducto»

El robo de los caños del Gasoducto GNEA tuvo lugar entre diciembre de 2019 y abril de 2020, afectando los parajes El Tonono (Tartagal) y El Desemboque (General Mosconi), con un intento fallido en la finca Ñacatimbay (Aguaray).

En el marco de esta causa, la fiscalía llevó a juicio a diez personas. Cinco fueron condenadas y cinco resultaron absueltas. Además de Jorge Enrique Prado, fueron condenados:

• Diego Alos, dueño de OSYPSA SA, a 6 años de prisión por defraudación a la Administración Pública y robo agravado.
• Adrián Vera, dueño de una firma homónima, a 3 años y 8 meses de prisión por el mismo delito.
• Andrés Ayala, gerente de PERTESER S.R.L., a 2 años y 6 meses de prisión condicional por robo en despoblado y en banda.

Por otro lado, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta absolvió a Fredy Marcelo Céspedes, exsecretario de Hacienda del municipio de Aguaray; a Milton Saavedra y Bruno Degoy, gerentes de MyP Servicios Especiales; y a Cristián Buczek, encargado de la empresa Vera SA.

Posibilidad de trabajo remoto desde prisión

A pesar de ordenar el cumplimiento efectivo de la pena, el tribunal dejó abierta la posibilidad de que el exintendente continúe con su trabajo de manera remota desde la cárcel. La decisión se fundamentó en que la pena ya está «firme» y debe cumplirse en una unidad penal bajo el sistema de resocialización del Estado. Si bien se reconoció el vínculo del padre con su hijo, los jueces coincidieron con la fiscalía en que la madre es la principal referente afectiva. No obstante, se valoró el rol de Prado como proveedor, amparándose en la ley 24.660 de ejecución penal, que resguarda el derecho al trabajo de los reclusos.