Corrupción Penitenciaria: Inicia el Juicio a una Red Narco en Villa Las Rosas
Salta, Argentina – A partir del 4 de agosto, se abrirá un capítulo crucial en la lucha contra el narcotráfico en la provincia. Veinte personas, incluyendo funcionarios del Servicio Penitenciario, reclusos de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas y sus familiares, se sentarán en el banquillo de los acusados, señalados de integrar una organización narcocriminal que operaba impunemente dentro del penal. Este juicio, que promete ser de gran envergadura, será presidido por el juez Federico Diez, vocal de la Sala VII del Tribunal de Juicio.
Un entramado de corrupción y drogas al descubierto
La investigación que culmina en este proceso judicial se originó a raíz de denuncias anónimas. Estas alertaron sobre una red de corrupción donde personal del penal de Villa Las Rosas supuestamente exigía sobornos a cambio de beneficios para los internos, como salidas transitorias o traslados. Pero la trama era aún más oscura: también se facilitaba el ingreso de elementos prohibidos como celulares, cargadores, comidas, bebidas y, lo más preocupante, sustancias estupefacientes.
El tribunal colegiado que estará a cargo del caso estará integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (vocales). Por parte del Ministerio Público, la acusación recaerá en una Unidad Fiscal especial, encabezada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, lo que subraya la relevancia de este proceso para la justicia salteña.
Graves acusaciones para los implicados
Entre los ocho funcionarios del Servicio Penitenciario imputados se encuentran Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García.
Las acusaciones en su contra son de peso: exacciones ilegales agravadas (concusión), comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas y realizada en un lugar de detención, y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todos estos delitos en concurso real. Los demás implicados en la causa serán juzgados específicamente por el delito de comercialización de estupefacientes. Se espera la declaración de un total de 180 testigos, lo que anticipa un debate prolongado y con abundancia de pruebas para esclarecer los hechos.
