La Contienda

Reportajes, entrevistas y más

La Contienda

Reportajes, entrevistas y más

Judicial

Caso Turistas Francesas: Catorce Años de Impunidad y Preguntas Abiertas en Salta

Salta, Argentina – Catorce años después de la desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos de las jóvenes francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, la causa que investiga su doble femicidio en la Quebrada de San Lorenzo continúa estancada, marcada por inconsistencias y un persistente reclamo de justicia. Lo que en julio de 2011 comenzó como una excursión turística, se transformó en uno de los crímenes más oscuros y controvertidos de la historia reciente de Salta.

Los interrogantes sobre el «cómo», «cuándo» y «quiénes» estuvieron realmente implicados en el brutal asesinato siguen sin respuestas claras. La investigación judicial ha sido blanco de severas críticas debido a las múltiples contradicciones y la fragilidad de las pruebas.

Inconsistencias que Desconciertan a la Justicia

Las jóvenes fueron vistas con vida por última vez el 15 de julio de 2011, pero sus cuerpos no aparecieron hasta el 29 de julio en un descampado de la quebrada. La autopsia forense oficial, avalada por la justicia francesa, determinó que ambas fueron asesinadas tres días antes de ser encontradas. Sin embargo, el entonces juez de instrucción Martín Pérez sostuvo que las muertes ocurrieron el mismo día de la desaparición, una diferencia temporal que se convirtió en el primer y más notorio signo de discordancia en el expediente.

La justificación del juez para esta modificación en la fecha de muerte, basada en un informe entomológico, la interpretación de la «última foto» del celular de las víctimas y el horario de reactivación de un teléfono móvil, ha sido fuertemente cuestionada. La pericia sobre una fotografía clave, inexplicablemente fechada el 6 de agosto (cuando los cuerpos ya estaban recuperados), fue atribuida por un perito a «errores del programa», a pesar de que ninguna otra imagen presentaba tal anomalía.

Un Caso Emblemático de Irregularidades

La causa original derivó en la condena a perpetua de Gustavo Lasi, acusado de violación y homicidio, y en la detención de Clemente Vera como partícipe secundario. Sin embargo, Vera pasó siete años en prisión hasta que, en marzo de 2023, fue sobreseído por la Corte de Justicia de Salta, que dictaminó la insuficiencia de pruebas para sostener la acusación. Su caso se ha convertido en un símbolo de las profundas irregularidades que empañaron todo el proceso judicial.

Desde entonces, organizaciones de derechos humanos, medios de investigación y periodistas independientes han vuelto a poner el foco en los «cabos sueltos» del expediente: pruebas mal recolectadas, contradicciones en las autopsias, presiones políticas y una persistente sospecha de encubrimiento. El sobreseimiento de Vera reavivó las voces críticas y alimentó el reclamo de una revisión exhaustiva del caso.

A catorce años del doble femicidio, la impunidad estructural persiste. Más allá de la condena de Lasi, no ha habido un esclarecimiento completo, ni verdad, ni reparación para las víctimas y sus familias. Las dudas sobre la actuación de sectores judiciales y policiales en la confección de la causa siguen sin despejarse, convirtiendo este caso en un paradigma de cómo la prisa por dar una respuesta puede derivar en una justicia mal administrada. Es un doloroso recordatorio de que la memoria activa y la exigencia de verdad son una deuda que Salta y Argentina mantienen con Cassandre y Houria.

Continuidad de la Investigación: Una Nueva Unidad Fiscal

En un intento por revitalizar la causa, y tras el fallo que benefició a Vera, el Ministerio Público Fiscal de Salta dispuso en febrero de 2025 la creación de una Unidad Fiscal Especializada. La Resolución N° 1.594/25 de la Procuración General de la Provincia conformó esta unidad con la fiscal penal María Luján Sodero Calvet (a cargo de la Unidad de Femicidios – UFEM), el Fiscal Penal de Transición Pablo Rodrigo Paz, y el Fiscal Penal UGAP Gabriel González, para continuar con la investigación. Se esperaba además la activación de un convenio de asistencia judicial mutua entre Francia y Argentina, aunque hasta la fecha no se han informado oficialmente avances investigativos significativos.