$15 Millones de Indemnización a Víctimas de Trata Laboral en Salta
Diez trabajadores rurales del sur de la provincia de Salta, víctimas de explotación laboral en noviembre de 2023, han recibido una indemnización total de 15 millones de pesos, es decir, un millón y medio de pesos para cada uno, en concepto de reparación de daños. Este acuerdo conciliatorio fue gestionado por el fiscal federal Ricardo Toranzos y el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen.
El acuerdo, cuyos pagos ya fueron efectuados por el finquero Ángel Gustavo Enríquez, imputado en la causa, fue homologado el pasado 5 de mayo por el juez federal de Garantías Julio Bavio.
Detalles de la Explotación y el Acuerdo
La situación de trata de personas fue descubierta el 9 de noviembre de 2023 durante una inspección en la finca «Suri Blanco» en Joaquín V. González. Personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía de Salta y el Gabinete de Asistencia a la Víctima hallaron a una decena de trabajadores rurales realizando tareas de desmonte en condiciones deplorables.
Los inspectores encontraron una casilla tipo tráiler con cuchetas en condiciones precarias. Los obreros revelaron que habían sido contratados por Enríquez, quien no les proporcionó ropa ni herramientas adecuadas, obligándolos a usar sus propios picos, palas, hachas y machetes. Tampoco había provisión de agua potable segura ni condiciones de higiene apropiadas.
Los trabajadores permanecían en la finca por 15 días, sin medios de transporte propios, y les era descontado el 30% del pago por concepto de alimentos, provistos por el mismo contratante. Se acordaba un pago de $100.000 por quincena, con un descuento de $30.000 para alimentación, dejando a cada trabajador con $70.000.
El fiscal Toranzos formalizó la imputación penal contra Enríquez en noviembre de 2024 por trata de personas con fines de explotación laboral, en la modalidad de captación y traslado, un delito que conlleva una pena de entre 4 y 8 años de prisión.
Una «Salida Superadora» al Conflicto
El fiscal Toranzos destacó la elección de esta vía de resolución, calificándola como una «salida superadora» y resaltando el «gran esfuerzo de todas las partes» para lograr una reparación del daño significativa. Explicó que Enríquez estaba en condiciones económicas de asumir el monto, y los 15 millones de pesos estuvieron disponibles y fueron cancelados inmediatamente después de la audiencia.
Por su parte, el Defensor de Víctimas, Nicolás Escándar, respaldó el acuerdo, considerándolo una resolución «superadora» de la vía punitiva tradicional. Escándar enfatizó que se cumplen dos requisitos básicos: «Una es que no haya impunidad. Aquí, tenemos un monto a pagar bastante considerable y de cobro inmediato que evita un litigio más prolongado». Además, señaló que esto «no convierte al sistema penal en un sistema de cobro de pesos», lo cual se evita con una investigación diligente y la participación de todas las partes.
El defensor de Víctimas reconoció el rol de la fiscalía en la persecución penal, pero destacó que el acuerdo cumplió con el principio de objetividad y el ahorro de la violencia estatal. Finalmente, se aseguró que las víctimas fueron informadas detalladamente de los términos de la conciliación y expresaron su consentimiento mediante actas individuales.
La defensa del imputado también adhirió al pedido de homologación, elogiando la «razonabilidad» y «proporcionalidad» del acuerdo. El juez Bavio, al homologar el acuerdo, subrayó el esfuerzo de las partes en buscar una resolución armoniosa, en línea con el nuevo código procesal.